En la mañana de este lunes 4 de mayo, se llevaron a cabo allanamientos simultáneos en distintas propiedades vinculadas al ex gobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional, Gustavo Bordet, en la ciudad de Concordia. Los operativos comenzaron alrededor de las 8:00 en una vivienda ubicada en calle Urquiza al 800 y en otra propiedad lindera, en Salta 66.
Las medidas judiciales también alcanzan a una quinta construida en los últimos años por la pareja en el barrio cerrado Village Termal, situado sobre avenida Monseñor Rosch. Según se informó, los procedimientos fueron solicitados por el fiscal José Emiliano Arias, quien encabeza la investigación sobre la evolución patrimonial del ex mandatario.
De acuerdo a lo consignado por un cronista presente en el lugar, en el interior de una de las viviendas se encontraba el propio fiscal Arias junto a personal de la División Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, supervisando las tareas.
La pesquisa cobró impulso luego de que Bordet anunciara días atrás su decisión de renunciar a los fueros parlamentarios, lo que habilitó el avance de este tipo de medidas judiciales. En ese marco, hace dos semanas también se había realizado un allanamiento en la ciudad de Paraná, en una propiedad perteneciente a su hija mayor, Florencia Gabriela Bordet, quien no cuenta con inmunidad legislativa.
Los operativos tienen como objetivo el secuestro de documentación vinculada a cuestiones patrimoniales y comerciales, incluyendo recibos de sueldo, libros contables, facturas, escrituras y boletos de compraventa, entre otros elementos de interés para la causa.
La investigación no solo involucra a Bordet, sino también a su esposa, sus dos hijas mayores de edad, el ex secretario General de la Gobernación, Franco Ferrari, y a Sonia Alejandra Romero, persona allegada al entorno familiar.
Según la hipótesis fiscal, “durante el período comprendido entre 2007 y 2023, Gustavo Eduardo Bordet, desempeñándose como intendente de Concordia y luego como gobernador de Entre Ríos, habría incrementado desproporcionadamente su patrimonio mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles”.
Asimismo, se analiza la posible intervención de terceros como presuntos testaferros, entre ellos Silvia Mariel Ávila, María Alejandra Lanaro —primera esposa del ex mandatario— y sus hijas, sin descartar la participación de otras personas físicas o jurídicas.
La causa está encuadrada bajo la figura de enriquecimiento ilícito, prevista en el artículo 268 del Código Penal. En sus argumentos, el fiscal Arias sostuvo que se trata de “un caso de suma gravedad”, dado que se investiga a un ex funcionario que tenía la responsabilidad de resguardar el patrimonio público.
Entre los elementos bajo análisis figuran al menos diez inmuebles adquiridos por el matrimonio Bordet–Ávila durante el período investigado, presuntas omisiones o subvaluaciones en declaraciones juradas, viajes al exterior que no se corresponderían con los ingresos declarados, y movimientos bancarios realizados por allegados.
Fuente: El Concordiense/Análisis Digital
