A más de un año del fatal siniestro vial ocurrido el 5 de julio sobre la avenida Frondizi, en el que murió Marcelo Sebastián Peñalver y resultaron heridas varias personas, entre ellas una bebé de ocho meses, la causa atraviesa una instancia decisiva.

Gianfranco Agustín Pérez, el conductor de la Renault Sandero que provocó el siniestro falta, se encuentra imputado por homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas agravadas en concurso ideal. Asimismo, según pudo saber Concordia Policiales, el fiscal José Arias ya solicitó la elevación de la causa a juicio y requirió una pena de cinco años de prisión.

Sin embargo, la querella a cargo del Dr. Mariano Giampaolo, que representa a las víctimas que circulaban en el Chevrolet Corsa, planteó una oposición a que el expediente avance hacia el juicio sin que antes se resuelva la prueba toxicológica realizada sobre Pérez, una instancia  que considera determinante,

El principal cuestionamiento está relacionado con la muestra de sangre utilizada para determinar el nivel de alcoholemia. Desde la querella advierten que no se encuentra debidamente establecido cómo y bajo qué condiciones fue extraída la muestra, como así tampoco la cadena de custodia que tuvo el material biológico hasta su traslado a la ciudad de Paraná.

Asimismo, cuestionan que no se hayan precisado las técnicas utilizadas para preservar la muestra y remarcan que vienen solicitando desde octubre de 2025, y nuevamente en febrero de 2026, que se les entregue el material biológico para realizar una contraprueba.

El objetivo de ese pedido es poder verificar de manera independiente el resultado de la alcoholemia y establecer con precisión el valor de una prueba que, según entiende la querella, puede tener una incidencia directa en el proceso.

En este marco, desde la querella consideran que la causa no debería ser elevada a juicio sin resolver previamente estos planteos, ya que existe el riesgo de que durante el debate oral la defensa cuestione la legalidad o el valor probatorio de la muestra y que esa evidencia termine siendo excluida o pierda fuerza dentro de la acusación.

De esta manera, el planteo de la querella no apunta a impedir que el expediente llegue a juicio, sino a que lo haga con una prueba que haya podido ser controlada por todas las partes y cuya obtención, conservación y análisis se encuentren debidamente acreditados.

Mientras tanto, la discusión continúa con el Ministerio Público Fiscal y la causa permanece a la espera de una definición sobre este planteo. La resolución será clave para determinar si finalmente el expediente avanza hacia el juicio oral en las condiciones solicitadas por la Fiscalía.

En paralelo, la víctima más grave del siniestro, Gianella, la bebé de ocho meses que viajaba en el Chevrolet Corsa junto a su madre, continúa en recuperación luego de las gravísimas lesiones sufridas en el choque.

Fuente: Concordia Policiales

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En la madrugada de este lunes 10 de agosto, el personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal procedió a la detención de un hombre de 43 años, quien era intensamente buscado por la policía.

El procedimiento se concretó en una estación de servicio ubicada sobre la Ruta 015 y avenida Monseñor Rösch, en la zona norte de Concordia. Sobre el ahora detenido recaía un pedido de captura y detención emitido por el juez de Garantías, Mauricio Guerrero, a solicitud de la fiscal de Género, Agustina Solé, en el marco de una causa por el delito de lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género.

Al hombre de 43 años, quien es licenciado en Psicología, se le atribuyen por cuatro hechos que habría cometido en perjuicio de su expareja. Según la investigación, el primer hecho habría ocurrido durante la madrugada del pasado 17 de julio, en la vivienda del ahora detenido, ubicada sobre calle Tratado del Pilar. En ese lugar, el hombre habría agredido físicamente a su expareja, propinándole un golpe que le provocó lesiones.

Cuando ocurrió el hecho

El segundo hecho habría ocurrido durante la mañana del 22 de julio, cuando el ahora detenido se presentó en inmediaciones de un colegio ubicado sobre calle Hipólito Yrigoyen al 700. Allí, según la investigación, habría agredido físicamente a su expareja, ocasionándole lesiones de carácter leve.

El tercer episodio que se le atribuye habría ocurrido también el 22 de julio en el lugar de trabajo de la mujer, ubicado sobre calle Entre Ríos. En ese contexto, y siempre de acuerdo con la investigación, el hombre se habría presentado en el lugar y habría agredido físicamente a su expareja, provocándole nuevamente lesiones leves.

Mientras que el cuarto hecho habría ocurrido el pasado 30 de julio, nuevamente en la vivienda del ahora detenido. Según la acusación, el hombre habría agredido a su expareja provocándole lesiones de carácter leve.

Disposición judicial

A raíz de estos hechos y en el marco de la investigación judicial, el Juzgado de Garantías a cargo del doctor Mauricio Guerreo había emitido la orden de captura y detención.

Finalmente, la medida fue concretada durante la madrugada de este lunes 10 de agosto, cuando el personal policial localizó al hombre en una estación de servicio ubicada en la zona norte de Concordia.

Fuente: Concordia Policiales

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Desde el estudio destacaron que el caso representa un nuevo antecedente en defensa de los derechos de los consumidores.

El acuerdo fue alcanzado en el fuero Contencioso Administrativo y de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego de que un cliente viera rechazada la cobertura de su seguro automotor por un débito automático fallido que nunca le fue notificado.

El Estudio Giampaolo & Asoc. alcanzó un acuerdo con Banco Santander Río en el marco de un reclamo originado por una omisión administrativa que derivó en el rechazo de la cobertura de un seguro automotor contratado por uno de sus clientes.

Según se informó, el asegurado había contratado una póliza de La Caja a través de la plataforma del Banco Santander, adhiriendo el pago de la prima mediante débito automático sobre su tarjeta de crédito.

Tras sufrir un siniestro, la compañía aseguradora rechazó la cobertura argumentando la falta de pago de la prima. Sin embargo, durante el proceso se comprobó que el débito automático había sido rechazado por la entidad bancaria y que el cliente nunca recibió una notificación por correo electrónico, mensaje de texto u otro medio que le permitiera conocer la situación y regularizar el pago.

En el transcurso de las gestiones, el propio Banco Santander reconoció, mediante una comunicación incorporada al expediente, que existió un malentendido respecto de una solicitud formulada por el cliente. Ese reconocimiento permitió avanzar en una solución consensuada, que culminó con un acuerdo en el fuero Contencioso Administrativo y de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde el Estudio Giampaolo señalaron que el caso reafirma la importancia de garantizar una adecuada información al consumidor y sostuvieron que ninguna empresa puede colocarse por encima de la ley cuando están comprometidos los derechos de los usuarios.

Asimismo, remarcaron que la experiencia también pone de manifiesto la necesidad de contar con mecanismos administrativos ágiles y eficientes, ya que, en muchas oportunidades, el acceso a la Justicia termina siendo la herramienta más efectiva para obtener una respuesta y resguardar los derechos de los consumidores.

Finalmente, desde el estudio destacaron que continuarán trabajando con el mismo compromiso en la defensa de sus clientes, independientemente de la jurisdicción en la que deban llevar adelante cada reclamo.

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Luego de que el juez de Garantías, Mauricio Guerrero, resolviera dictar 25 días de prisión preventiva para César Gustavo Rodríguez, el maquinista acusado de provocar daños en numerosos vehículos y lesionar a conductores mientras manejaba una pala cargadora, la defensa anticipó que analiza apelar la decisión.

En ese marco, el abogado Mariano Giampaolo dialogó con Concordia Policiales, para realizar una valoración de la resolución judicial. Si bien considera positiva la reducción del plazo de prisión preventiva y la realización de una evaluación médica, entiende que su defendido debería afrontar la investigación en libertad.

Vale recordar que durante la audiencia la Fiscalía había solicitado 45 días de prisión preventiva. Sin embargo, el magistrado entendió que existían elementos suficientes para vincular al imputado con los hechos investigados y consideró acreditados los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, aunque dispuso una medida cautelar por un plazo menor al requerido por el Ministerio Público Fiscal. Además, ordenó que Rodríguez sea sometido a una evaluación médica por parte del servicio de salud mental del Hospital Felipe Heras.

“Me reuní con mi equipo y estuvimos analizando la resolución. La evaluación, en principio, es buena porque la Fiscalía había solicitado 45 días de prisión preventiva efectiva”, explicó Giampaolo.

En ese sentido, señaló que “valoramos positivamente que el juez Guerrero haya contemplado parte de nuestros argumentos y haya reducido esa prisión a 25 días, prácticamente la mitad. También evaluamos de manera favorable que haya dispuesto una evaluación psicológica y psiquiátrica de nuestro defendido, porque nos preocupa seriamente su estado de salud”.

El defensor sostuvo que Rodríguez “es un trabajador que estuvo más de nueve años a cargo de una maquinaria pesada” y aseguró que las jornadas laborales que cumplía excedían ampliamente lo previsto por las normas de seguridad e higiene.

“La normativa reglamentaria establece jornadas reducidas para este tipo de tareas, no superiores a seis horas salvo excepciones. Sin embargo, este señor trabajaba tanto en Concordia como en otras provincias para la misma empresa, con jornadas de hasta 14 horas. Su horario habitual era de 12 horas, pero además debía trasladarse desde el galpón ubicado en Presidente Illia hasta el lugar donde desarrollaba tareas, lo que implicaba aproximadamente una hora de viaje de ida y otra de regreso”, afirmó.

A partir de ese contexto laboral, Giampaolo sostuvo que, a criterio de la defensa, Rodríguez atravesaba un severo cuadro de estrés que derivó en una crisis psicótica al momento de los hechos.

“Entendemos que no estamos frente a un delincuente tipo. No tiene antecedentes y sufrió una crisis psicótica producto del estrés laboral. Eso derivó en una situación que tiene más que ver con el cuadro que atravesaba que con una intencionalidad o una potencialidad de causar daños a terceros o a bienes”, sostuvo.

En ese sentido, insistió en que la evaluación médica ordenada por el juez “es altamente positiva”, ya que permitirá determinar el estado de salud mental de su defendido y aportar elementos relevantes para el avance de la causa. Asimismo, adelantó que la defensa analiza recurrir la resolución.

“Estamos evaluando muy firmemente la posibilidad de apelar la decisión en los próximos días por una cuestión conceptual y jurisprudencial. Nosotros entendemos que la regla es la libertad de los ciudadanos”, sostuvo.

En ese marco, remarcó que “la prisión preventiva solo corresponde de manera excepcional cuando existe peligro de fuga o riesgo de entorpecimiento de la investigación. Ambos peligros no los vemos configurados en esta persona”.

Asimismo, aseguró que, a criterio de la defensa, Rodríguez no representa un riesgo para el proceso judicial.

“No vemos que sea una persona que pueda generar temor, entorpecer una investigación o darse a la fuga. Tiene arraigo en la ciudad, hijos, familia y no cuenta con recursos para escapar. Por eso vamos a solicitar, muy posiblemente en las próximas horas, que la Cámara reevalúe esta decisión. Entendemos que el ciudadano debe esperar el avance de la investigación en libertad”, indicó.

Finalmente, el abogado sostuvo que los delitos imputados “son excarcelables y no prevén una pena de cumplimiento efectivo”, por lo que insistió en que no existen razones para mantener a su defendido privado de la libertad mientras continúa la investigación.

Fuente: Concordia Policiales

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Este lunes por la mañana se realizaron nuevos procedimientos en viviendas vinculadas al ex gobernador Gustavo Bordet en Concordia. La investigación es realizada por el fiscal José Arias.

En la mañana de este lunes 4 de mayo, se llevaron a cabo allanamientos simultáneos en distintas propiedades vinculadas al ex gobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional, Gustavo Bordet, en la ciudad de Concordia. Los operativos comenzaron alrededor de las 8:00 en una vivienda ubicada en calle Urquiza al 800 y en otra propiedad lindera, en Salta 66.

Las medidas judiciales también alcanzan a una quinta construida en los últimos años por la pareja en el barrio cerrado Village Termal, situado sobre avenida Monseñor Rosch. Según se informó, los procedimientos fueron solicitados por el fiscal José Emiliano Arias, quien encabeza la investigación sobre la evolución patrimonial del ex mandatario.

Presencia policial

De acuerdo a lo consignado por un cronista presente en el lugar, en el interior de una de las viviendas se encontraba el propio fiscal Arias junto a personal de la División Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, supervisando las tareas.

La pesquisa cobró impulso luego de que Bordet anunciara días atrás su decisión de renunciar a los fueros parlamentarios, lo que habilitó el avance de este tipo de medidas judiciales. En ese marco, hace dos semanas también se había realizado un allanamiento en la ciudad de Paraná, en una propiedad perteneciente a su hija mayor, Florencia Gabriela Bordet, quien no cuenta con inmunidad legislativa.

Los operativos tienen como objetivo el secuestro de documentación vinculada a cuestiones patrimoniales y comerciales, incluyendo recibos de sueldo, libros contables, facturas, escrituras y boletos de compraventa, entre otros elementos de interés para la causa.

Demás involucrados

La investigación no solo involucra a Bordet, sino también a su esposa, sus dos hijas mayores de edad, el ex secretario General de la Gobernación, Franco Ferrari, y a Sonia Alejandra Romero, persona allegada al entorno familiar.

Según la hipótesis fiscal, “durante el período comprendido entre 2007 y 2023, Gustavo Eduardo Bordet, desempeñándose como intendente de Concordia y luego como gobernador de Entre Ríos, habría incrementado desproporcionadamente su patrimonio mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles”.

Asimismo, se analiza la posible intervención de terceros como presuntos testaferros, entre ellos Silvia Mariel Ávila, María Alejandra Lanaro —primera esposa del ex mandatario— y sus hijas, sin descartar la participación de otras personas físicas o jurídicas.

Patrimonio

La causa está encuadrada bajo la figura de enriquecimiento ilícito, prevista en el artículo 268 del Código Penal. En sus argumentos, el fiscal Arias sostuvo que se trata de “un caso de suma gravedad”, dado que se investiga a un ex funcionario que tenía la responsabilidad de resguardar el patrimonio público.

Entre los elementos bajo análisis figuran al menos diez inmuebles adquiridos por el matrimonio Bordet–Ávila durante el período investigado, presuntas omisiones o subvaluaciones en declaraciones juradas, viajes al exterior que no se corresponderían con los ingresos declarados, y movimientos bancarios realizados por allegados.

Fuente: El Concordiense/Análisis Digital

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Un grupo de policías en actividad formuló una gravísima denuncia penal contra funcionarios de la fuerza a los que acusan de malversación de fondos con los recursos de los adicionales que cumplen los uniformados.

La denuncia apunta, entre otros, a Juan Manuel Zunino, jefe de la División 911 y Videovigilancia quien, refiere, detenta “un alto nivel de exposición, reconocimiento y ascendencia dentro de la estructura de seguridad, con vínculos visibles con autoridades superiores, incluyendo ámbitos del Ministerio de Seguridad y Justicia, es decir, del nivel político”.

“Este nivel de inserción y proyección institucionales, permite razonablemente inferir que los hechos denunciados no responden a conductas individuales aisladas, sino que se inscriben en una estructura con capacidad de sostener, reproducir y eventualmente encubrir la operatoria”, agregaron al respecto.

Lo hicieron con una cautelar para que se reserven sus nombres, y se pida a la Policía que no haya represalias dentro de la fuerza contra los denunciantes. En el escrito, advierten que ponen “en conocimiento hechos de extrema e inusitada gravedad institucional que podrían configurar la comisión de variopintos delitos de acción pública”.

En el escrito, con representación legal del abogado Rubén Pagliotto, señalan que “la presente denuncia no implica la reiteración de hechos ajenos, sino que incorpora situaciones conocidas y vivenciadas por los comparecientes, que permiten ampliar, complementar y dotar de mayor precisión a la maniobra investigada, poniendo en evidencia la existencia de un sistema organizado de recaudación ilegal dentro de la División 911 y posiblemente de otras áreas de la institución policial”.

“En este marco, se formula denuncia penal contra los oficiales jefes de policía Juan Manuel Zunino, Alejandro Villarreal, Luján Micheloud, Alexis Minetti y César Gutiérrez, así como también contra todo otro funcionario que pudiera resultar responsable, por la posible comisión de los delitos de peculado (art. 261° CP); malversación de caudales públicos (Art. 260°); exacciones ilegales (art. 266° CP); abuso de autoridad (art. 248° CP); coacción (art. 149° bis CP); falsedad ideológica de instrumento público (art. 293° CP) y encubrimiento (art. 277° CP), y/o cualquier otra figura delictual que, dentro del contexto fáctico, pudiera surgir conforme avance la investigación. Asimismo, los tipos penales que eventualmente se configuren, lo serán tanto a título de dolo como de culpa, cualquiera haya sido el grado de participación criminal que le cupo a quienes resulten penalmente responsables”, dice la denuncia.

Respecto de la presentación, Pagliotto sostuvo que a la denuncia “la hemos bautizado como la causa de los ´Adicionales Truchos´, emulando a la causa de los ´Contratos Truchos´”, explicó y afirmó que “es un caso escandaloso de corrupción y saqueo de fondos públicos, pero esta vez, con un rol protagónico de algunos de los altos mandos de la Policía de Entre Ríos, organismo que está bajo la órbita ministerial del doctor Néstor Roncaglia, quien al menos, debería estar enterado de este criminal saqueo de fondos que han ido a parar a los bolsillos de algunos pocos bandidos, policías y civiles”.

“Descontamos que esta denuncia será dada a conocer en todos los medios. Se trata, reitero, de un hecho gravísimo desde el punto de vista institucional. Creemos que leyendo con atención la denuncia (que llevó muchos meses de arduo y responsable trabajo) podrá entenderse el mecanismo de saqueo, los personajes involucrados y la gravedad institucional del caso”, advirtió.

“Entendemos y estamos persuadidos que el gobernador Frigerio deberá tomar inmediatamente cartas en el asunto, haciendo honor a su remanida frase de que ´este será el mejor y más honesto gobierno de la historia de Entre Ríos´”, cuestionó el abogado.

Consultado el jefe de Policía, Claudio González, evitó dar declaraciones. “Vamos a esperar que se expida la Justicia”, sostuvo. El caso quedó en manos del fiscal Gonzalo Badano.

Fuente: Entre Ríos Ahora.

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Un grupo de 29 entidades de distintos lugares del país promovieron una demanda en la que cuestionan las nuevas normas que afectan el ejercicio de la profesión.

Un grupo de 29 Colegios de Abogados de distintos lugares del país presentaron una acción judicial contra la “Ley de Modernización Laboral”. A través de una medida cautelar autónoma, pidieron la suspensión de los efectos de los art. 20 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificados por la denominada Ley de Modernización Laboral, que introducen cambios que afectan la percepción íntegra y oportuna de los honorarios y cambian las condiciones en que los abogados ejercen su profesión. 

En la presentación, explican que esas normas establecen límites o restricciones al pago de honorarios profesionales y generan una afectación directa del derecho de propiedad.

Asimismo, cuestionan la constitucionalidad de los artículos 20 y 277 de la modificada Ley de Contrato de Trabajo en tanto avanzan sobre materias que, por su naturaleza, integran el ámbito propio del derecho procesal, tales como la regulación de las costas del proceso, las consecuencias jurídicas de la conducta procesal de las partes y las sanciones vinculadas con la formulación de pretensiones procesales. Sostienen que esas cuestiones son de competencia exclusiva de las provincias, y por lo tanto vedadas al Congreso Nacional. 

Finalmente, la impugnación se dirige también contra las sanciones que incorpora la «Reforma Laboral»  en casos de peticiones improcedentes, ya que, afirman, el ordenamiento procesal argentino ya contempla mecanismos destinados a sancionar las conductas procesales abusivas o contrarias a la buena fe. “El Código Procesal de la Nación y los distintos códigos procesales provinciales consagran el deber de buena fe procesal y habilitan la sanción de conductas abusivas”, advierten. 

El expediente tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°4, a cargo de la jueza Rita María Ailán. Sin embargo, los demandantes pidieron que la petición cautelar se acumule, por razón de conexidad, con causa caratulada «ASOCIACION GREMIAL DE ABOGADOS DEL ESTADO C/ EN-ORDEN DEL DIA 699/25 S/PROCESO DE CONOCIMIENTO”, que tramita ante el Juzgado N° 11 del fuero. 

Fuente: Palabras del Derecho

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Un importante robo ocurrido en el barrio privado La Lomada, en la zona de Villa Adela, reavivó interrogantes en el ámbito judicial. El hecho, que incluyó la sustracción de unos 50 mil dólares y objetos de alto valor, tiene como víctima al abogado Martín Federico Lombardo.

Un importante robo ocurrido durante la noche del sábado en el barrio privado La Lomada, en la zona de Villa Adela de Concordia, abrió una investigación policial por un golpe millonario y volvió a colocar en escena al abogado Martín Federico Lombardo.

El hecho habría ocurrido alrededor de las 22 horas, cuando delincuentes ingresaron a la vivienda mientras su propietario se encontraba ausente. Según las primeras reconstrucciones, habrían participado al menos cuatro personas, quienes actuaron encapuchadas y utilizando guantes para evitar dejar rastros.

De acuerdo a fuentes vinculadas a la investigación, los autores del robo recorrieron distintos sectores de la casa pero aparentemente sabían con precisión dónde se encontraban los objetos de valor, lo que llevó a los investigadores a analizar la posibilidad de que haya existido algún tipo de información previa.

El botín denunciado incluye unos 50 mil dólares en efectivo —equivalentes a cerca de 70 millones de pesos—, un reloj Rolex y otros objetos de alto valor económico. La causa es investigada por personal de la División Investigaciones de la Policía y avanza bajo estricta reserva.

Antecedentes y causas judiciales

No es la primera vez que el nombre de Lombardo aparece vinculado a expedientes judiciales. Durante los últimos años fue mencionado en distintas denuncias por presuntas estafas vinculadas a operaciones ganaderas registradas en las provincias de Santa Fe, Chaco y Entre Ríos.

Uno de los casos más conocidos se originó en 2020, cuando un productor santafesino denunció una operación de inversión para la compra de hacienda que incluía cheques como garantía que luego resultaron sin fondos. La causa finalizó con el sobreseimiento del abogado tras la devolución del dinero al denunciante.

En Chaco también se radicaron denuncias por maniobras similares, una de ellas en Villa Ángela, donde se investigó un perjuicio económico que rondaría los 20 millones de pesos y donde incluso se llegó a dictar una orden de detención en 2020, que quedó sin efecto en 2021 cuando Lombardo se presentó ante la justicia.

En Concordia también se tramitó una causa por una presunta estafa vinculada a la venta de ganado, investigación que estuvo a cargo del entonces fiscal Francisco Azcué —actual intendente de la ciudad—. En ese expediente se planteó la hipótesis de una presunta asociación ilícita dedicada a maniobras en el negocio ganadero. Tras la salida de Azcué del Ministerio Público Fiscal, la causa quedó bajo la órbita del fiscal José Arias.

Situación fiscal y datos financieros

El episodio del robo también generó comentarios en ámbitos judiciales al observarse la situación fiscal del abogado. Según registros de ARCA (ex AFIP), Lombardo se encuentra inscripto como monotributista categoría D, con un tope de ingresos brutos anuales de poco más de 26 millones de pesos. La actividad declarada corresponde a servicios jurídicos y su estudio profesional tiene domicilio en Mitre 132 de Concordia.

La comparación entre ese nivel de ingresos y el dinero denunciado como sustraído —50 mil dólares en efectivo— generó interrogantes en algunos sectores, ya que esa suma equivaldría aproximadamente a varios años de facturación dentro de esa categoría.

A su vez, registros de la Central de Deudores del Banco Central indican que el abogado mantiene compromisos financieros por más de 12,8 millones de pesos en distintas entidades bancarias, aunque se encuentra en situación crediticia normal dentro del sistema.

Vínculos políticos

El nombre de Lombardo también apareció mencionado en los últimos años en el ámbito político, donde fue vinculado al armado de estructuras partidarias y listas electorales en distintas provincias.

Informes periodísticos lo señalaron como impulsor de candidaturas de figuras públicas en Santa Fe y como operador político en distintos espacios partidarios, entre ellos el Partido FE, Compromiso Federal y el Partido Popular.

Más recientemente, su nombre también apareció mencionado en un expediente de la justicia electoral bonaerense relacionado con la presentación de informes de campaña del Partido Demócrata, en el que fue notificado en su carácter de apoderado partidario.

Esta investigación fue realizada por el periodista Federico Odorisio para Diario Junio.

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La jueza María Servini solicitó información sobre las entidades financieras con las que tuvo vinculación el presidente Javier Milei y la secretaria general de Presidencia Karina Milei, en el marco de la investigación por el escándalo cripto $LIBRA.

«La Justicia quiere saber con qué entidades financieros operaron desde el 2023 hasta la fecha los hermanos Milei», expuso el periodista Ariel Zak. Según explicó, se trata de «una decisión adoptada hace instantes por la jueza María Servini que libra un oficio al jefe del departamento de Legales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a fin de requerirle remitan información contenida en su base de datos».

Por último, detalló que el objetivo del pedido es «conocer las entidades financieras con las que operaron el Presidente, la secretaría general de Presidencia y los tres cripto emprendedores amigos del presidente, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales».

Un informe de la División Lavado de Activos de la Policía Federal, Superintendencia de Investigaciones Federales, confirmó que la madre y la hermana del empresario Mauricio Novelli, imputado en el caso $LIBRA, se llevaron bolsos “aparentemente más abultados “de la caja de seguridad de un banco al que ingresaron tras la publicación del presidente Javier Milei en la que impulsó la criptomoneda.

Así lo consigna el informe oficial en respuesta a un requerimiento del fiscal Eduardo Taiano a cargo de la investigación que apunta a movimientos de dinero tras la difusión de $LIBRA a través de la cuenta de X del presidente.

La madre de Novelli, María Alicia Rafaele y la hermana del empresario amigo de Milei, María Pia Novelli ingresaron el 17 de febrero, el primer día hábil tras la publicación del presidente, a la sucursal Martínez del Banco Galicia para dirigirse al sector de las cajas de seguridad.

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La empresa Caminos del Río Uruguay S.A. (CRUSA) inició el envío de telegramas de despido a su personal, notificando la finalización de los contratos laborales con fecha efectiva al 22 de abril de 2025.

Según se detalla en los telegramas firmados por el apoderado Alberto Cantarella, la decisión se fundamentó en la “falta de trabajo no imputable al empleador”, en el marco del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esa cláusula habilita a las empresas a abonar solamente el 50% de la indemnización correspondiente por antigüedad en caso de que el cese laboral se produzca por causas ajenas a la voluntad del empleador.

La firma explicó que la desvinculación se produjo por la finalización del contrato de concesión del Corredor Vial Nº18, que estaba a su cargo hasta la semana pasada. “El vínculo contractual con el Estado Nacional, único cliente de la empresa, ha concluido, y con ello la viabilidad económica de continuar con la actividad”, se expresó en el documento enviado a los trabajadores.

Sin embargo, empleados despedidos cuestionaron el fundamento esgrimido por CRUSA. “Nos despidieron con base en el artículo 247, que implica pagar sólo la mitad de la indemnización. Pero la concesión no terminó por causas externas, sino por los incumplimientos de la empresa con el contrato”, señalaron.

Según explicaron, las fallas reiteradas en el mantenimiento del Corredor 18, que incluye las rutas 12 y 14 y el puente Rosario-Victoria, fueron determinantes para la finalización anticipada de la concesión. “La empresa no cumplió con lo comprometido en cuanto a la traza vial, y eso fue lo que motivó el fin del contrato”, indicaron.

Fuentes oficiales consultadas señalaron que la Dirección Nacional de Vialidad calculó una deuda de aproximadamente 60 mil millones de pesos en sanciones aplicadas a CRUSA. Las penalidades se originaron por diversos incumplimientos contractuales a lo largo de los años, entre ellos deficiencias en obras y en el mantenimiento del corredor vial.

En paralelo, se conoció la conformación del directorio de la firma, vigente según el Estatuto Constitutivo de 1990 y el acta del 28 de diciembre de 2020. El presidente de la sociedad es el ingeniero Juan Guillermo Insua, acompañado por el vicepresidente Hilario Carlos Magliano. También integran el directorio Federico Insua Lehoux, Diego Luis Piatti, Carlos Mai, y Mariana Gorostiaga Luro, entre otros. Varios de los integrantes de la cúpula directiva también participan de otras empresas del rubro vial, energético y de infraestructura.

Desde el sector sindical, se anticipó que podrían comenzar acciones legales contra la empresa. “Muchos de los empleados tienen más de 20 años de antigüedad. Esta maniobra no solo es injusta, sino que no se ajusta a la verdadera causa de los despidos”, explicó un delegado gremial que prefirió mantener su nombre en reserva.

Se espera que en los próximos días comiencen a judicializarse los primeros casos individuales por despido. Asimismo, no se descarta que se inicien reclamos colectivos o manifestaciones gremiales en las rutas o en sedes de la empresa.

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